El Parlamento vota a favor de garantizar la protección económica y jurídica de los denunciantes en toda la UE. Los ciudadanos deben poder denunciar irregularidades a través de canales nuevos y seguros sin temor a sufrir represalias.

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Proteger la democracia protegiendo a los denunciantes

https://api.multimedia.europarl.europa.eu/documents/20125/17476943/N01-PUB-190408-BLOW-ES.srt

Europa pierde entre 5 800 y 9 600 millones EUR cada año 

en contrataciones públicas debido a la falta de protección de los denunciantes. 

En la actualidad, solo unos diez países de la UE los protegen. 

Los diputados al Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo con los gobiernos de la UE 

en materia de protección jurídica integral, 

a fin de que los denunciantes se sientan seguros al denunciar actividades ilegales o inmorales.

 Debemos proteger a quienes defienden los intereses europeos: los denunciantes de irregularidades. 

Nos defienden a nosotros, defienden la democracia y el bien común europeos. 

Así que, como diputados al Parlamento Europeo, es nuestro deber protegerlos.

El nuevo reglamento ampliará el alcance de las personas protegidas por la ley: 

también se beneficiarán de él las ONG y los periodistas que protejan a los denunciantes.

 Y no solo en el caso de fraude fiscal, como con el escándalo de Lux Leaks.

Los denunciantes deben estar protegidos con independencia del tipo de infracción, 

ya sea financiera, medioambiental, política o en materia de datos personales. 

Queríamos ofrecer una doble protección a los denunciantes: 

protección frente a las represalias económicas 

y protección jurídica cuando sean perseguidos

 simplemente por haber denunciado una infracción actuando en el interés público. 

Las medidas engloban la creación de canales seguros 

para que los ciudadanos puedan denunciar sin temor a las represalias

 y la prestación de más asistencia, como asesoramiento jurídico y apoyo psicológico gratuitos.

El reglamento también contempla salvaguardas frente a la suspensión y la degradación, 

en caso de que un denunciante sea despedido de su empleo.